Traducciones legales
Un contrato mal traducido cambia obligaciones. Los términos legales no tienen equivalente automático entre el derecho estadounidense y el chileno, y el traductor que no es abogado no tiene por qué saberlo. Traduzco documentos legales entre inglés y español con criterio jurídico, no solo lingüístico.
Qué hago en traducciones legales
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Contratos
Traducción de contratos comerciales, de servicios, de trabajo y de confidencialidad, cuidando que las obligaciones digan lo mismo en los dos idiomas.
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Documentos judiciales
Sentencias, demandas, declaraciones y prueba documental para acompañar en juicio.
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Documentos societarios
Estatutos, actas, poderes y certificados para operaciones entre Chile y Estados Unidos.
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Documentos personales
Certificados, títulos, antecedentes y documentación para trámites en el extranjero.
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Revisión de traducciones
Revisión jurídica de traducciones ya hechas, que es donde suelen aparecer los errores que importan.
Preguntas frecuentes
¿Su traducción sirve para un trámite oficial?
Depende del organismo que la reciba: algunos exigen traducción oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores o de un traductor inscrito, y otros aceptan traducción de un profesional competente. Dígame para qué la necesita y le digo derecho si le sirve la mía o si tiene que ir por la vía oficial.
¿Por qué pedirle una traducción a una abogada y no a un traductor?
Porque en los documentos legales el problema no es el idioma, son los conceptos. Figuras del derecho estadounidense como el trust, el discovery o el consideration no tienen equivalente exacto en el derecho chileno, y traducirlas literalmente puede alterar lo que la parte se obligó a hacer.
¿También revisa documentos antes de firmarlos?
Sí, y es el mejor momento para hacerlo. Si le mandaron un contrato en inglés para firmar, lo reviso y le explico en español qué está aceptando, antes de que lo firme.
Cuénteme su caso
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Otras áreas
Derecho de familia
Pensión de alimentos, divorcio, cuidado personal y relación directa y regular.
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Despido injustificado, autodespido, cobro de finiquito y tutela de derechos.
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Cumplimiento de contratos, cobranza, indemnización de perjuicios y arriendos.
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Reclamos contra el Estado, sumarios, multas y permisos municipales.
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